En el actual contexto global, el balance de riesgos muestra señales de alivio y abre una ventana de oportunidad para la banca pública de desarrollo. La normalización monetaria gradual incentiva nuevas inversiones y reduce el costo financiero de la deuda. Al mismo tiempo, el espacio fiscal que tiende a estabilizarse permite planear con mayor claridad proyectos estratégicos y mecanismos de movilización pública y privada. En el frente externo, y pese a ciertos episodios, una menor incertidumbre comercial sienta las bases para reactivar cadenas de valor y anclar inversiones de largo plazo. Este giro del entorno nos permite pasar de la gestión de la crisis a la planificación de mediano plazo, priorizando sectores con mayor productividad e impacto social.

Sin embargo, los retos siguen siendo enormes. Como señala el Fondo Monetario Internacional, si bien la economía internacional ha mostrado resiliencia y ha soportado los shocks, estamos “mejor de lo que se temía, pero peor de lo que necesitamos”. Y aunque se han redoblado esfuerzos, la brecha de financiamiento para el desarrollo sostenible —indispensable para revertir los niveles de pobreza— continúa siendo considerable. No por nada, en la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo se subraya que “la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, sigue siendo el mayor problema que enfrenta el mundo, y su erradicación es un requisito indispensable para el desarrollo sostenible”.

En lo que hace a nuestra región, América Latina y el Caribe, desde hace algunos años la performance económica no es muy alentadora, de allí que también sus impactos en el ámbito social hayan sido limitados, así como los márgenes de acción de los gobiernos.

Ante tasas de crecimiento que se proyecta disminuyan al 2,2% en 2025, para luego recuperarse al 2,4% en 2026, casi la mitad de la proyectada para países en desarrollo y emergentes, pero que son consistentes con sus promedios de largo plazo, diversos análisis, estudios e investigaciones, aconsejan que para impulsar la inversión para el desarrollo que permita generar empleo y reducir la pobreza se deben: generar las condiciones para atraer la inversión privada, fomentar el emprendimiento innovador, atraer empresas que difunden tecnología, invertir en innovación y desarrollo, promover empresas creadoras de empleo, implementar medidas de mejora de la productividad, invertir en capital humano con las habilidades que requieren los sectores productivos, a fin de dar la oportunidad que el mayor número de personas se beneficien del crecimiento económico inclusivo, equitativo y sostenible.

El entorno actual de menor incertidumbre en los ámbitos monetario, fiscal y comercial, sumado a la aceleración tecnológica  —con la inteligencia artificial en el centro— sienta las bases para que la banca pública de desarrollo pase de ser un instrumento reactivo a uno catalítico: no solo amortiguar shocks, sino configurar carteras por sectores con enlaces amplios en las economías nacionales (MIPYME, infraestructura habilitante, innovación) y levantar capital privado con instrumentos de reducción de riesgo y coberturas en moneda local para bajar el costo de capital.

La consolidación y surgimiento de nuevas tecnologías exige reforzar capacidades internas (analítica de riesgo, open finance, pagos instantáneos, etc.) y, a la vez, financiar la expansión de energías renovables, transmisión y almacenamiento de datos que las nuevas tecnologías digitales requieren. Integrar soluciones basadas en la naturaleza, mercados de carbono con integridad, economía azul y bioeconomía/biomasa permitirá ampliar la cartera de proyectos bancables y dar confianza a inversionistas.

La Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE) resalta que, en el contexto actual, los bancos y/o instituciones financieras de desarrollo, como instrumentos de política pública para la financiación, cumplen un rol importante y deben aun posicionarse más para avanzar como un actor clave para impulsar estas líneas de acción que permita la transformación económica y social; ya sean facilitando el acceso a la financiamiento, creando estructuras financieras para movilizar el capital privado, asumiendo ciertos riesgos para interesar al participación privada, estableciendo alianzas con los organismos bilaterales y multilaterales canalizando recursos de largo plazo y en condiciones especiales, promoviendo el desarrollo de los mercados de capitales, entre otro tipo de acciones.

Por ello, bajo el tema “Innovar, Invertir, Incluir: Banca de desarrollo impulsando un crecimiento inclusivo y transformador en el nuevo escenario económico global”, la Asamblea de ALIDE como foro estratégico para discutir estas cuestiones y delinear acciones concretas; se propone que, en una etapa de transformaciones continuas y cuyos efectos todavía están poco a poco evidenciándose; abordar el posicionamiento de la región en la ámbito global, el impulso a la inversión para el desarrollo que permita generar empleo y reducir la pobreza; así como el fomento de ecosistema de emprendimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico, bajo un enfoque de sostenibilidad.

En ese sentido, desde la perspectiva de ALIDE y de la banca de desarrollo, se deben responder cuestiones de: ¿Cómo se está posicionando ALC en la economía internacional?, ¿Qué estamos haciendo para revertir los bajos niveles de crecimiento económico?, ¿Qué medidas se están implementando en la región para impulsar la inversión productiva generadora de empleo?, ¿estamos generando las condiciones para atraer inversión de alto impacto?, ¿Qué tanto se está fomentando el emprendimiento difusor de tecnología y de alta productividad?, ¿Qué estamos haciendo en términos de innovación y desarrollo tecnológico, principal campo de competencia actual?

En síntesis, el momento demanda innovar, invertir e incluir: una banca pública que coordine actores, reduzca riesgos y acelere la ejecución para convertir un entorno más predecible en resultados tangibles de desarrollo sostenible y productividad.